La abogada laborista, Jessahé Navarrete, habló sobre los retos de ajustar las remuneraciones de los empleados públicos. Cuestiona la facilidad, a nivel jurídico, de generar una disposición que permita bajar -por ejemplo- un salario de 10.000 a 3.000 dólares.
A su criterio, la medida enfrenta numerosos desafíos debido a la autonomía administrativa de las empresas públicas y la complejidad jurídica que rodea a los contratos laborales existentes, que posiblemente deberán ser renegociados. Y es que el acuerdo del Ministerio de Trabajo, para fijar la nueva escala salarial, no habla de retroactividad sino que plantea es la intención de revisar los salarios excesivos existentes.
Ante ello, señala que cada empresa pública tendrá que abordar individualmente la aplicación del acuerdo, considerando aspectos como la protección de derechos adquiridos, la legalidad de los contratos laborales y la compatibilidad con los presupuestos y compromisos financieros existentes.
Resaltó la necesidad de establecer salarios justos y competitivos basados en parámetros técnicos, evitando distorsiones en el mercado laboral y excesivos enriquecimientos individuales.
