En una rueda de prensa realizada esta mañana, el Colegio de Abogados de Pichincha, liderado por Paúl Ocaña, presentó una serie de exigencias al Consejo de la Judicatura (CJ) con el objetivo de combatir la corrupción en la Función Judicial.

Entre las propuestas destacadas, el gremio abogó por la implementación de evaluaciones periódicas a los funcionarios judiciales, especialmente a los jueces, como medida preventiva ante actos de corrupción. Paúl Ocaña enfatizó la necesidad de analizar el patrimonio de los funcionarios judiciales a través de entidades como el CJ, la Contraloría General del Estado (CGE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

En relación con los concursos para jueces, el Colegio de Abogados de Pichincha propuso que se establezca como prerrequisito la certificación de bienes patrimoniales y la apertura de cuentas para los postulantes. Esta medida busca fortalecer la transparencia y la integridad en el sistema judicial.

Otra solicitud importante del gremio es la participación de los gremios de abogados y la academia en las evaluaciones de jueces de primero y segundo nivel, así como en la Corte Nacional de Justicia. Paúl Ocaña subrayó que la colaboración de todos los sectores es esencial para combatir la corrupción y fortalecer la credibilidad del sistema de justicia.

En cuanto a los jueces bajo instrucción fiscal, el Colegio de Abogados pidió al CJ que suspenda a aquellos involucrados en procesos penales. Consideran ilógico que, estando en instrucción fiscal y respetando el principio de inocencia, continúen recibiendo sueldos y salarios pagados por los ecuatorianos.

Paúl Ocaña, quien también preside la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, concluyó señalando la importancia de la educación ética y profesional en las aulas de pregrado como una medida preventiva contra la corrupción en el sistema judicial.