Para alcanzar éxitos en la lucha contra el crimen organizado el gobierno asegura que necesita más facultades, para conseguirlas plantea siete preguntas nuevas para consulta popular, preguntas que no llegan al ciudadano porque se quedan en la Corte Constitucional y porque el ciudadano no comprende lo que quiere el gobierno.

El plan de someter a juicio político la Corte Constitucional fue rechazado, pero el presidente insiste en dominar a la Corte mediante la aprobación de una ley de garantías constitucionales y la aprobación de un privilegio para las leyes de iniciativa del ejecutivo exigiendo una mayoría especial para declarar su inconstitucionalidad.

Parece inaceptable que se pida al ciudadano que apruebe la regulación de la organización, funcionamiento y procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional mediante una ley que no ha sido redactada ni enviada a la Asamblea Nacional y, por tanto, de alcances totalmente desconocidos.

En cuanto a la mayoría especial exigible para declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa del ejecutivo, sería un privilegio desmedido como si fuera una función superior a las otras o gozara de infalibilidad. La Corte no aceptará este tipo de preguntas.

La Corte Constitucional no aceptó la eliminación del CPCCS mediante enmienda, ahora el gobierno vuelve atrás en la historia y apela a la fórmula ensayada por el expresidente Lasso de quitarle al CPCCS la facultad de elegir autoridades y devolverla a la Asamblea Nacional. Esto dejaría al CPCCS como una función hueca, vacía.

Al mismo tiempo que presentaba las nuevas preguntas, el gobierno volvió a organizar una marcha en contra de la Corte Constitucional; aunque se dijo que la marcha era a favor de la paz y la justicia, quedó muy claro el empeño en incrementar el poder del ejecutivo aunque antes se criticaba el hiperpresidencialismo de la Constitución correísta.