El presidente Donald Trump presentó un ambicioso plan nacional destinado a garantizar que Estados Unidos mantenga y expanda su supremacía en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial (IA), consolidando así su posición como potencia tecnológica dominante.

La iniciativa, denominada Plan de Acción en Inteligencia Artificial, contempla más de 90 medidas enfocadas en tres ejes centrales: acelerar la innovación, fortalecer la infraestructura y proyectar el poder tecnológico estadounidense en el escenario global.

En materia de innovación, el plan propone reducir barreras regulatorias para favorecer la investigación, fomentar el uso de modelos de código abierto y establecer estándares que aseguren que las herramientas de IA adquiridas por el gobierno sean “objetivas” y libres de sesgos ideológicos. Además, se prevé la actualización de las directrices de compras públicas para priorizar la contratación de tecnologías alineadas con estos principios.

En cuanto a infraestructura, la propuesta busca agilizar los permisos para construir centros de datos y fábricas de semiconductores, así como reforzar la red eléctrica para cubrir la creciente demanda energética derivada del uso de sistemas de IA.

En el ámbito internacional, el gobierno plantea ampliar la exportación de tecnología estadounidense, imponer controles más estrictos sobre el acceso de países adversarios a desarrollos estratégicos y promover la adopción de estándares globales que favorezcan los intereses de Washington.

Durante el anuncio, Trump afirmó que “será política de Estados Unidos hacer todo lo necesario para liderar el mundo en inteligencia artificial”, subrayando que esta tecnología es clave para la seguridad nacional y la competitividad económica.

El plan también incluye la firma de tres órdenes ejecutivas que eliminan restricciones impuestas por administraciones anteriores, establecen una regulación federal uniforme y limitan la capacidad de los estados para imponer normativas más estrictas.

La propuesta ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores empresariales y tecnológicos celebran la decisión como una oportunidad para acelerar la competitividad del país, organizaciones de derechos civiles, medioambientales y laborales advierten sobre los riesgos de priorizar el avance tecnológico sin garantizar salvaguardas éticas y de seguridad.