El dirigente indígena Leonidas Iza ha denunciado públicamente una persecución sistemática contra los líderes del movimiento indígena durante los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Según Iza, esta persecución no se limita a acciones judiciales, sino que incluye infiltraciones, espionaje y operativos encubiertos que buscan desarticular la organización indígena y debilitar su liderazgo.

Iza relató que, tras regresar a su comunidad, fue objeto de una denuncia por secuestro que considera una forma de criminalización de su labor política y social. Denunció además la incursión irregular de un vehículo vinculado a una empresa de transporte de Ambato y al Ministerio del Interior, que transportaba radios de comunicación, manuales de justicia indígena, ejemplares de la Ley de Inteligencia y tarjetas de ADN. Este hallazgo, según el dirigente, evidencia la existencia de operaciones encubiertas dirigidas contra las comunidades y sus líderes.

El dirigente indígena aseguró que las infiltraciones dentro del movimiento se realizan a través de medios de comunicación afines al poder, dirigentes con intereses económicos y agentes encubiertos que buscan acercarse a los líderes de base para obtener información y socavar la organización desde dentro. “Se trata de una estrategia planificada para debilitar la resistencia social que defiende los derechos de los pueblos y la protección de sus territorios”, señaló Iza.

Iza también cuestionó que el gobierno utilice la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado como pretexto para justificar la intervención policial y el control estatal sobre las comunidades. Según el dirigente, la Policía estaría siendo puesta al servicio de intereses económicos, especialmente en áreas donde se desarrollan proyectos extractivos de minería e hidrocarburos, poniendo en riesgo la defensa del agua, la tierra y los recursos naturales.

La denuncia de Iza pone en evidencia la tensión entre los intereses del Estado y los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en un contexto donde las comunidades buscan preservar sus territorios y mantener prácticas de justicia propia. Expertos en derechos humanos han señalado que la criminalización de líderes sociales y comunitarios es una práctica recurrente que puede generar un clima de intimidación y debilitamiento de la participación ciudadana.

Además, Iza llamó a la comunidad nacional e internacional a mantenerse alerta frente a estas prácticas y a respaldar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Según él, la persecución no solo afecta a los líderes visibles, sino también a las familias y miembros de la comunidad, generando miedo y limitando la participación en procesos de toma de decisiones que afectan directamente sus territorios.