La retención de tres agentes de inteligencia de la Policía Nacional por parte de una comunidad indígena en Cotopaxi se ha convertido en un conflicto que enfrenta directamente a la justicia ordinaria con la justicia indígena en Ecuador.

El hecho ocurrió el lunes 18 de agosto en la comunidad San Ignacio, parroquia Toacaso, donde dirigentes indígenas acusan a los uniformados de haber seguido e intentado atropellar al expresidente de la Conaie, Leonidas Iza. Desde ese momento, los agentes Carlos Uvidia, Bryan Díaz y Kevin Guamán permanecen bajo custodia comunitaria, mientras se desarrollan audiencias amparadas en el sistema de justicia indígena.

La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi instaló un tribunal comunitario que revisa cerca de 5.000 archivos extraídos de los teléfonos de los policías. Según los dirigentes, las evidencias confirmarían una “persecución del Estado contra luchadores sociales”.

La primera audiencia, celebrada el 19 de agosto, no concluyó y fue diferida para este jueves 21 de agosto. En paralelo, la Policía Nacional presentó un recurso de habeas corpus para exigir la liberación inmediata de sus agentes, denunciando que han sido golpeados, amarrados y sometidos a tratos degradantes. Esta diligencia judicial también fue suspendida para que médicos y psicólogos evalúen su estado físico y mental.

El movimiento indígena asegura que los uniformados han sido tratados con respeto y que su retención se ajusta a lo establecido en la Constitución, que reconoce el derecho de las comunidades a administrar justicia en su territorio. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los policías cumplían diligencias legales vinculadas a una investigación previa y ha llamado a coordinar acciones para evitar choques entre los dos sistemas judiciales.

Leonidas Iza responsabilizó al gobierno de Daniel Noboa de un hostigamiento sistemático y aseguró que este incidente forma parte de una estrategia de represión política contra líderes sociales.

El caso ha reactivado un debate de larga data sobre los alcances y límites de la justicia indígena cuando involucra a funcionarios en ejercicio. Mientras las audiencias avanzan, la tensión se mantiene y el desenlace sigue abierto, con la comunidad decidida a mantener su proceso y el Estado presionando por la liberación de los agentes.