El nombre de este artículo parece un juego de palabras, una pregunta absurda cuya respuesta está de cajón: claro que la Corte Constitucional es constitucional, si no, ¿qué sería, un club de té?

Nadie discute su existencia legal, ni la necesidad de tenerla, la verdadera duda sería: ¿es constitucional en el sentir de la gente?, ¿representa realmente a la ciudadanía o solo a las élites que la nombran?, ¿es el reflejo de la justicia o apenas el eco de los intereses de turno?

Seamos sinceros señores, el ciudadano común no se levanta preocupado por la hermenéutica jurídica de la Constitución, eso quizás le interese a cultores del derecho; lo que si nos preocupa, es que no nos roben el sueldo antes de llegar a casa o que el hospital no nos mande a comprar las medicinas que no tiene.

En medio de esos problemas reales y cotidianos, aparece la Corte Constitucional dictando sentencias que pueden parecer más un juego político que una defensa del pueblo, el ciudadano escucha: “La Corte Constitucional ha dictado que tal norma es inconstitucional” o “ha blindado tal decisión presidencial”, y claro, nos  preguntamos: ¿y yo qué gano con eso?

Porque cuando se vota una ley que puede bajar el precio de la medicina o facilitar un empleo, muchas veces la Corte entra en escena con su traje académico, sus citas en latín y su pomposidad, para decidir si algo es válido o no, pero esa validez jurídica, que para el mundo de la política es fundamental, para la gente de a pie muchas veces es irrelevante si no le cambia el día a día, perdiéndose el espíritu de la ley que es siempre debería ser beneficiar a las grandes mayorías que por lo general serán los más vulnerables.

La Corte Constitucional debería ser la guardiana de las reglas del juego, la que asegura que ningún poder se pase de la raya, y eso, en teoría, suena bien, pero la realidad es otra, ¿de qué sirve tener una Corte impecablemente constitucional si no es percibida como justa?

El ciudadano no necesita tratados de derecho comparado, necesita saber que sus derechos no dependen de la conveniencia política del momento, si la Corte falla en dar esa confianza, entonces, aunque sea constitucional en lo formal, deja de serlo en lo real, en lo que toca la vida de la gente.

La ironía es que mientras más grande es la distancia entre sus fallos y la comprensión de la gente, esas acciones más erosionan la legitimidad de la institución, la Corte Constitucional debería volver a ganarse su nombre, no porque lo diga la Constitución, sino porque la gente Así lo perciba, porque la legitimidad no solo se escribe en el papel, se debe sentir en la calle, en la credibilidad de sus fallos, en la coherencia de sus actuaciones y en su responsabilidad como miembros de un colectivo común.

Estimados lectores, la pregunta que queda abierta es durísima pero ampliamente necesaria de plantearla: ¿la Corte Constitucional es realmente constitucional?