El Gobierno Nacional generó controversia tras remitir un oficio oficial a la Corte Constitucional (CC) en el que se exigía el desalojo del edificio Tamagar, inmueble en el que el alto tribunal funciona desde hace varios años. El documento, emitido por el Ministerio de Energía, daba un plazo de apenas 30 días para que la institución judicial abandonara las instalaciones. Sin embargo, pocas horas después, la misma cartera de Estado dejó sin efecto la disposición, revocando el pedido y manteniendo el convenio vigente.

El edificio Tamagar es ocupado por la Corte Constitucional en virtud de un acuerdo interinstitucional suscrito en 2019 y renovado en 2022 y 2024. Este convenio contempla que el inmueble puede ser utilizado por la CC para sus actividades, a cambio de que se cubran los gastos de mantenimiento y servicios básicos. Asimismo, establece que cualquiera de las partes puede dar por finalizado el contrato con una notificación previa de treinta días, cláusula que fue utilizada como sustento en la solicitud de desalojo.

La repentina marcha atrás del Ejecutivo se produce en un contexto de marcada tensión entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional. En semanas recientes, el alto tribunal ha emitido resoluciones que frenaron o suspendieron varios artículos de leyes impulsadas por el oficialismo, lo que ha motivado una serie de críticas directas del presidente y sus funcionarios hacia los jueces constitucionales.

Analistas consideran que este episodio evidencia el clima de confrontación que vive el país entre las principales instituciones del Estado. Mientras el Ejecutivo busca consolidar sus reformas y políticas, la Corte Constitucional insiste en su papel de órgano de control, generando choques que podrían intensificarse en los próximos meses. El caso del edificio Tamagar, aunque resuelto de forma inmediata, se interpreta como un nuevo capítulo en esta disputa de poderes que ya ha tenido repercusiones políticas y mediáticas.