Una niña ecuatoriana de seis años se convirtió en la inmigrante más joven detenida y deportada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La menor viajó junto a su madre, Martha, luego de una audiencia rutinaria en la Corte de Inmigración de Nueva York, donde se resolvió su retorno a Ecuador.

La familia había sido detenida la semana anterior en el Federal Plaza de Manhattan, un centro de detención donde se han denunciado condiciones precarias y situaciones de riesgo para los migrantes, especialmente los menores de edad. Martha manifestó su temor de asistir a la cita en la corte debido a estas condiciones, evidenciando las dificultades que enfrentan los inmigrantes en el sistema estadounidense. Mientras tanto, el hijo mayor de la familia, de 21 años, quedó al cuidado de su hermano menor, de 16 años, y Manuel, de 19 años y recién graduado, fue trasladado al centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey.

Este caso ha generado una fuerte reacción política y social en Nueva York. La gobernadora del estado, Kathy Hochul, calificó la deportación de la menor como “cruel e injusta” y cuestionó las promesas del presidente Donald Trump de deportar solo a los “peores de los peores”, señalando que la medida afecta a familias enteras y a ciudadanos en formación.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han señalado que la detención de menores vulnera los principios internacionales sobre protección infantil y derechos humanos. Además, destacan que la separación familiar y la deportación de niños tan pequeños pueden tener efectos psicológicos y sociales de largo plazo. La comunidad ecuatoriana en Estados Unidos también ha mostrado preocupación, denunciando que este caso refleja una política migratoria cada vez más estricta y restrictiva.

Expertos en migración subrayan que este incidente no es aislado, sino parte de un patrón creciente en el país, donde las detenciones y deportaciones de familias y menores se han intensificado en los últimos años. La situación pone de relieve la necesidad de revisar los protocolos de detención, la atención a los derechos de los niños y la coordinación con los consulados de los países de origen, en este caso Ecuador, para garantizar que se respeten las garantías legales y los derechos fundamentales de los migrantes.

La historia de esta niña ecuatoriana ha encendido un debate sobre la política migratoria estadounidense y su impacto en los más vulnerables, marcando un precedente sobre la manera en que el sistema de inmigración maneja casos que involucran a menores de edad. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos observan de cerca los efectos de estas deportaciones y la manera en que podrían influir en futuras políticas de inmigración.