Representantes de la nacionalidad Waorani llegaron a Quito para presentar ante la Corte Constitucional una solicitud formal que exige el cierre del bloque 43 en el Yasuní, donde se realizan actividades petroleras pese a una consulta popular que determinó mantener el petróleo bajo tierra. La comunidad denuncia que el cumplimiento de la sentencia ha sido parcial y que gran parte de la infraestructura extractiva continúa activa, afectando tanto al medio ambiente como a la vida cotidiana de los pueblos indígenas.

Los líderes Waorani expresaron su rechazo al plan de cierre presentado por el gobierno, que proyecta demorar hasta una década en cumplir con la orden de desmantelar los pozos. La nacionalidad insiste en que el cronograma debe ser más corto, elaborado con la participación directa de las comunidades afectadas y supervisado de manera transparente, para garantizar que se respeten sus derechos territoriales y la protección del ecosistema amazónico.

Apoyados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones de derechos indígenas, los representantes entregaron un documento oficial a la Corte solicitando información detallada sobre las acciones que se ejecutan para cumplir la voluntad popular. Además, alertaron sobre los impactos ambientales y sociales que la demora en el cierre ha generado, incluyendo afectaciones a la biodiversidad, la contaminación de ríos y quebradas, y la alteración de los modos de vida tradicionales de la región.

El bloque 43 forma parte del Yasuní, uno de los ecosistemas más ricos del planeta en términos de biodiversidad, hogar de especies únicas de flora y fauna y territorio ancestral de varias nacionalidades indígenas. Desde la consulta popular, realizada por iniciativa de los propios pueblos amazónicos, se ha mantenido un conflicto constante entre la preservación ambiental y los intereses de la industria petrolera. Los Waorani sostienen que la extracción de hidrocarburos no solo amenaza su supervivencia cultural, sino también la estabilidad ecológica de una región vital para el equilibrio climático.

La movilización indígena refleja la creciente presión de los pueblos amazónicos y organizaciones ambientales para que se cumpla la sentencia de protección. Además, pone en evidencia la tensión entre el Estado, que busca gestionar los recursos energéticos, y las comunidades que reclaman respeto a sus territorios y participación activa en las decisiones que afectan sus vidas. Expertos ambientales señalan que un cierre rápido y responsable del bloque 43 podría convertirse en un modelo para futuras políticas de protección del Yasuní y otros territorios sensibles del país.