El presidente Daniel Noboa plantea en la consulta popular eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La propuesta busca transferir estas funciones a la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado, sujeto a aprobación del electorado.

Gonzalo Albán, consejero del CPCCS, argumentó que la institución ha acumulado más fracasos que resultados, y que su eliminación podría mejorar la eficiencia y la confianza ciudadana en los procesos de selección de autoridades.

Sin embargo, Mauro Andino, abogado y excandidato a la Asamblea Nacional, alertó que la reforma podría concentrar el poder en el Ejecutivo, al establecer comisiones calificadoras dominadas por delegados de funciones estatales controladas por el presidente, lo que limitaría la independencia de las autoridades designadas.

Ambos coincidieron en que la transparencia y la participación ciudadana son esenciales. Albán propuso perfeccionar el sistema con comisiones móviles con representación de la sociedad civil y la academia, mientras Andino destacó que los concursos públicos deben “ciudadanizarse” para garantizar autonomía y evitar favoritismos políticos.

Además, la consulta contempla que la Contraloría pueda instar a otras entidades de control a actuar a su criterio, lo que genera preocupación sobre la posible concentración de poder. Los especialistas coincidieron en que, de aprobarse la enmienda, los concursos en curso podrían quedar anulados y prolongarse los nombramientos actuales, lo que impactaría la institucionalidad y la independencia de los órganos de control.