‎La Corte Constitucional ecuatoriana es como ese amigo que, en pleno asalto, te advierte que no puedes usar la pistola porque viola el reglamento del club de tiro. El ladrón ya te apunta a la cabeza, pero tu amigo insiste en que lo correcto es esperar a que el juez medie. Esa desconexión, lejos de ser anecdótica, refleja un patrón estructural: la Corte actúa como si la política fuera un tablero de ajedrez de salón, mientras afuera el país arde.

‎Mientras el crimen organizado dispara sin mirar, toma barrios completos y convierte cárceles en cuarteles, la Corte suspende las herramientas más efectivas: operaciones de inteligencia con identidad reservada, acceso inmediato a información estratégica, definición legal de “grupo armado organizado” y protección jurídica a policías y militares que arriesgan la vida por todos nosotros. Es como quitarle el chaleco antibalas a un soldado porque el color no combina con el uniforme: elegante en el papel, letal en la práctica.‎

El cartel con la cara de cada juez en la plaza pública puede resultar exagerado e injustificado. Cuestión de estilos. Pero no caigamos en susceptibilidades vanas: estamos en guerra. ¿Qué parte no se ha entendido? Ecuador enfrenta niveles de delincuencia que paralizarían a cualquier país, y aún así pretendemos atraer inversión extranjera vendiendo la ilusión de que aquí el Estado combate al crimen con un manual de etiqueta en mano.‎

No se trata de aplaudir todo lo que hace el presidente. Se equivoca, claro. Pero a diferencia del correísmo, nadie puede acusarlo de operar junto al crimen organizado. Esto no es un juego académico: es la ejecución de la tesis que ganó las elecciones, la promesa de combatir el narcotráfico y al crimen organizado. Y en este punto, no estar con el presidente es, por omisión, alinearse con quienes hoy controlan barrios, cárceles y la esperanza de la gente.‎

La Corte parece añorar un Guillermo Lasso versión “light”: un presidente humillado, limitado e impotente frente a un tribunal todopoderoso e indolente. Esa película ya la vimos: terminó con un Estado paralizado y un crimen organizado recibiendo alfombra roja.

Si no apoyamos al presidente en esta guerra, después no tendremos derecho a quejarnos. Esto no es un debate de café ni un juego de escritorio: es la última línea frente a quienes quieren que Ecuador se rinda ante el crimen. Cada decisión bloqueada, cada herramienta negada, cada tecnicismo de la Corte no solo erosiona la seguridad: es una afrenta directa contra la vida y el futuro de millones.‎

Pero aún estamos a tiempo. Apoyar al presidente en esta lucha no es ser sumiso: es ser valiente, es entender que en la historia de los pueblos, los que dudan y esperan mueren mientras los decisores actúan. Esta guerra no será recordada por debates legales dentro de oficinas impecables, sino por quienes se armaron de coraje, visión y estrategia para proteger a su gente. Cuando las generaciones futuras escuchen la furia de nuestras ciudades, recordarán este momento no como un fracaso de un tribunal, sino como el instante en que un líder y su país se pusieron de pie, enfrentaron el caos y dijeron: “Ecuador llora, pero no se rinde”.