El Gobierno de rechazó de manera enfática las pancartas exhibidas durante la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa, en las que se mostraban los rostros de los jueces de la Corte Constitucional. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, aclaró que el Ejecutivo no financió ni promovió estas expresiones, aunque reconoció que reflejan el sentir de ciertos sectores de la sociedad que respaldan las reformas impulsadas por el Gobierno.

La Corte Constitucional emitió un comunicado en el que condena estas acciones, señalando que constituyen una forma de hostigamiento que amenaza la seguridad e integridad de los jueces y pone en riesgo la independencia judicial. Organismos internacionales, incluyendo la ONU y Human Rights Watch, también manifestaron su preocupación, calificando los actos como contrarios a los principios democráticos y al Estado de derecho.

La marcha fue convocada en respuesta a la decisión de la Corte de suspender parcialmente artículos de tres leyes aprobadas por el Gobierno, relacionadas con seguridad y orden público. Durante la manifestación, funcionarios del Ejecutivo, encabezados por el presidente Noboa, recorrieron varias calles de Quito hasta llegar a las instalaciones de la Corte Constitucional. El evento generó un debate intenso sobre el equilibrio de poderes en el país y la relación entre el Ejecutivo y el poder judicial.

Expertos en derecho y política advirtieron que la exhibición de pancartas con rostros de jueces puede incrementar la polarización política y afectar la percepción ciudadana sobre la independencia judicial. Asimismo, señalan que estas acciones podrían sentar un precedente preocupante, en el que la presión social y mediática se utilice para influir en decisiones judiciales.

El Gobierno defendió las reformas impulsadas, argumentando que buscan fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la gestión pública, mientras que la Corte Constitucional reiteró su papel como garante de la Constitución y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

La comunidad internacional continúa monitoreando la situación, ante el riesgo de que la tensión entre los poderes del Estado afecte la estabilidad institucional y la confianza en la democracia ecuatoriana. Analistas políticos destacan que la capacidad del Ejecutivo para impulsar reformas sin comprometer la independencia judicial será clave en los próximos meses.