El Consejo de la Judicatura (CJ) abrió una investigación disciplinaria contra un juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de La Maná, Cotopaxi, luego de que ordenara la “inmediata libertad” de Lizandro L., exagente policial y exguardia del Ministerio de Gobierno, detenido en una lujosa narcovivienda durante un operativo militar y policial el viernes 15 de agosto de 2025.

Según el Ministerio de Defensa, Lizandro L. se desempeñó como guardia del Ministerio en 2020 y cinco años después fue capturado por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Lobos y con el narcotráfico. Su arresto se produjo en una residencia de tres pisos, ubicada en La Maná, catalogada como “narcovivienda”, en cuyo interior las autoridades hallaron armas, municiones y símbolos ligados a la narcocultura.

El inmueble, descrito como una mansión con lujos ostentosos, tenía paredes de mármol, varias cocinas, bar, salón de juegos, mesas de billar, espacios de recreación y dormitorios de lujo. “La casa estaba llena de arte y cuadros de narcotraficantes históricos como Pablo Escobar, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y otros personajes relacionados con la narcocultura”, detalló el Ministerio de Defensa el 16 de agosto.

A pesar de las pruebas presentadas, la Fiscalía solo procesó al detenido por el delito de tenencia y porte de armas. Tras la audiencia de flagrancia, el juez no dictó prisión preventiva y, en su lugar, dispuso medidas alternativas: prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad judicial, además de ordenar la inmediata liberación.

La decisión generó fuertes cuestionamientos debido a que Lizandro L. ha sido señalado como integrante de Los Lobos, organización considerada una de las más violentas del Ecuador, y cuya estructura ha sido golpeada recientemente con la detención de 65 de sus miembros en operativos simultáneos.

Frente a este hecho, el Consejo de la Judicatura informó que la Subdirección de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Transparencia serán las encargadas de investigar si el magistrado incurrió en irregularidades al otorgar la libertad.