El Gobierno ecuatoriano amplió la presencia de las Fuerzas Armadas en instituciones estratégicas, como parte de su estrategia para enfrentar la creciente inseguridad. Desde el 14 de agosto de 2025, tres hospitales públicos de Guayaquil están bajo dirección militar.

Los capitanes de la Armada Pablo Herrera Salazar, Luis Obando Espinosa y Marco Zambrano Agama fueron designados para dirigir los hospitales Guasmo Sur, Monte Sinaí y Universitario, respectivamente. Herrera y Zambrano son médicos, mientras que Obando es licenciado en Logística Naval; los tres cuentan con maestrías en Gerencia Hospitalaria y experiencia en cargos similares.

El ministro de Salud, Jimmy Martin, anunció la medida el 12 de agosto y aseguró que busca “poner fin a la captura del sistema de salud por grupos que no representan los intereses ciudadanos” y garantizar “disciplina, transparencia y eficiencia” en la administración. La decisión llega en medio de un sistema hospitalario debilitado por desabastecimiento de medicinas, amenazas a personal médico, falta de alimentos para pacientes y denuncias de corrupción.

No es la primera vez que militares asumen el control de hospitales. Herrera ya dirigió una de estas instituciones y, a inicios de año, hubo una intervención conjunta con la Policía en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Sin embargo, la crisis en los centros de salud persiste.

Expertos en seguridad muestran posturas divididas. Carla Álvarez, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, advierte que la formación militar está enfocada en defensa y combate, no en procesos administrativos complejos ni en investigación de corrupción, y alerta que recurrir a actores externos debilita la institucionalidad. En contraste, Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad, reconoce que el Gobierno acude a las Fuerzas Armadas por su respaldo ciudadano, aunque admite que esta práctica desvía personal de su misión principal: proteger la soberanía.

La presencia militar en hospitales se suma a otras intervenciones en cárceles, puertos e hidroeléctricas desde 2021, en el marco de estados de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno. Si bien la violencia carcelaria ha disminuido este año, las Fuerzas Armadas también han enfrentado casos de corrupción interna, como la detención de 19 militares por facilitar la fuga de un cabecilla criminal.