El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram podría recibir una indemnización millonaria si el Estado no justifica adecuadamente su destitución en 1997 por supuesta incapacidad mental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó un plazo al gobierno ecuatoriano para presentar pruebas que respalden dicha decisión.

En caso de no cumplir con este requerimiento, Bucaram podría demandar al país por daños y perjuicios, lo que podría resultar en una indemnización de hasta $200 millones. Este monto corresponde a la compensación por la afectación a sus derechos políticos y civiles durante los años posteriores a su destitución.

El presidente Daniel Noboa ha remitido el caso a la Corte Constitucional para su análisis y resolución. La Corte deberá determinar si la destitución de Bucaram fue conforme a derecho y si el Estado ecuatoriano ha cumplido con las recomendaciones de la CIDH.

Este caso pone de relieve la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en las decisiones políticas y judiciales. La resolución de la Corte Constitucional será crucial para definir la responsabilidad del Estado ecuatoriano en este asunto.