La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (Sintep) rechazaron los despidos ordenados en la estatal petrolera, medida que el Gobierno justifica como un ahorro de 31 millones de dólares.

En un comunicado emitido el sábado 9 de agosto, las organizaciones sindicales calificaron el argumento oficial como “un engaño” y advirtieron que la verdadera intención sería “poner en jaque la operatividad de la empresa” y allanar el camino para la privatización de sus áreas más rentables.

Según los gremios, la reducción de personal afectará directamente sectores clave como transporte, comercialización, perforación y geología, lo que podría impactar la producción y exportación de crudo y derivados.

“El desmantelamiento de la empresa pública más grande del país es un problema de soberanía energética, de recursos fiscales y de desarrollo nacional”, señala el documento, que también denuncia un ataque a la estabilidad y derechos laborales de los empleados.

El Gobierno, por su parte, asegura que la depuración de personal “sobrevalorado” permitirá reinvertir el ahorro en proyectos estratégicos y tecnológicos.