La Corte Constitucional (CC) aceptó a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el partido Unión Popular contra la Ley de Integridad Pública, publicada en junio pasado con el fin de fortalecer la gestión pública y combatir la corrupción.

El movimiento político alega que la ley afecta derechos laborales, económicos y sociales. La CC rechazó además la solicitud de medidas cautelares para suspender temporalmente el proceso mientras se estudia la demanda.

Ahora, tanto la Asamblea Nacional como la Presidencia tienen un plazo de 15 días para impugnar la admisión y presentar sus argumentos.

La Ley de Integridad Pública establece, entre otras medidas, evaluaciones semestrales para servidores públicos y busca optimizar la contratación pública, con especial atención a micro, pequeñas y medianas empresas.