El 24 de julio de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa anunció la desvinculación de 5.000 servidores públicos como parte de su plan de reducción del gasto y reestructuración del Estado. Hasta la fecha, ya se habría concretado el 92% de ese objetivo: cerca de 4.600 personas fueron notificadas y otras 400 estarían por salir.

Los recortes se concentran en la Función Ejecutiva y afectan a empleados con nombramiento permanente, provisional y contratos ocasionales. Sin embargo, el detalle oficial por institución aún no ha sido publicado.

Algunas cifras ya reveladas incluyen:

• IESS: 540 desvinculados
• Petroecuador: 250
• Ministerio de Transporte y Obras Públicas: 105
• CELEC: 300, según Inés Manzano, ministra de Energía
• CNEL (no confirmado oficialmente): 164, según el Comité de Empresa

Según Manzano, algunos de los despedidos en CELEC estarían relacionados con contratos cuestionados como los firmados con Progen y ATM.

El Ejecutivo también avanza en la fusión de ministerios y secretarías, lo que podría implicar nuevas desvinculaciones. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, asegura que el proceso es legal, se basa en la LOSEP y apunta a eliminar duplicidades.

Posibles riesgos legales

Abogados advierten que si los despidos no respetaron el debido proceso, el Estado podría enfrentar cientos de demandas, reincorporaciones y pagos millonarios por sueldos caídos. El abogado Francisco Paredes estima que, en el caso de trabajadores con nombramiento permanente, el Estado perdería el 100% de las demandas mal ejecutadas.

Además, declaraciones oficiales que vinculan a los despedidos con corrupción sin pruebas judiciales podrían generar demandas por daño moral.

El desenlace legal dependerá de la Corte Constitucional, que analiza más de 20 demandas contra las reformas que facilitaron los despidos.