La polémica estalló tras una de las nuevas preguntas que el presidente Daniel Noboa incluyó en su propuesta de consulta popular: que los jueces de la Corte Constitucional (CC) puedan ser sometidos a juicio político. La interrogante fue interpretada por muchos como una reacción directa luego de que la Corte suspendiera parte de tres leyes clave del Gobierno. Pero desde Carondelet aseguran lo contrario.

“No es una retaliación política”, afirmó tajantemente la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, este martes 6 de agosto, en entrevista para Ecuavisa. Para la funcionaria, el verdadero problema es que los jueces constitucionales “no están sometidos a ningún control”, ni político ni ciudadano. “Este organismo está por encima de todo”, cuestionó.

Rovira acusó a los magistrados de actuar según intereses propios y de frenar decisiones que buscan beneficiar a la población. “Tienen sus propias agendas, y lamentablemente, esas no coinciden con el bienestar de la ciudadanía”, sentenció.

La pregunta sobre la Corte fue divulgada por el propio Noboa en redes sociales, justo después de que los jueces suspendieran 25 artículos de las leyes de Integridad Pública, Solidaridad Nacional e Inteligencia, todas impulsadas por su administración y aliados legislativos.

Según Rovira, el objetivo del planteamiento no es castigar a los jueces, sino establecer un “control político” sobre ellos, y no dejarlos como una instancia intocable. Anunció que este detalle será explicado en los anexos de la pregunta, los cuales serán revelados próximamente por la vocera presidencial, Carolina Jaramillo.

Aunque aclaró que el Ejecutivo no ve a la Corte como un enemigo político, la ministra lanzó una frase que deja claro el malestar del régimen: “Sus decisiones le dan la espalda a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Pasa a ser un enemigo de la ciudadanía”.