Hace pocos días, el presidente Daniel Noboa dispuso que 5.000 empleados públicos dejen sus cargos, lo cual, en términos generales es loable. Según dicen los expertos, en la crisis se debe recortar gastos y el gasto corriente, léase sueldos y salarios, es uno de los más altos que tiene el Ejecutivo.

Se ha empezado bien con la reducción del tamaño del Estado en lo relacionado al gasto corriente, pero es una medida insuficiente, porque se deben tener políticas macro para lograr el objetivo. ¿Qué tal si se empieza con limitar el tiempo de servicio en entidades públicas? No debería ser mayor a 25 años y a la salida de ellos tendrán beneficios fiscales para emprender en negocios privados. ¿Qué tal si se impide a todo funcionario público con nombramiento o contrato indefinido desempeñar cualquier actividad mientras sea militante de un partido o movimiento político?

El Estado está en la obligación de controlar el gasto corriente de los gobiernos seccionales y también podría limitar la cantidad de servidores municipales o de los del CONGOPE con base a la cantidad de habitantes o al presupuesto asignado. Hay GADS, amparados en su autonomía financiera y administrativa, donde su gasto corriente supera el 85% y queda el 15% para obras. Se debe limitar el número de asesores en empresas estatales, así como los contratos temporales. Eso no debe continuar, no es sano para el país o para la ciudad.

Ha puesto el dedo en la llaga y eso es muy importante, ojalá que esta reducción de 5.000 empleados no sea un cambio de membrete, salen los de tal partido político para que entren los de mi partido político. Si es reducción, apoyo total, si es cambio de funcionarios, salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor.