La figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele genera una profunda división dentro y fuera de El Salvador. Para una parte importante de la población, es un líder fuerte, decidido y necesario en un país marcado por la violencia y la corrupción. Para otros, sin embargo, representa una amenaza creciente al orden democrático, con prácticas que se asemejan cada vez más a un régimen autoritario.

Desde que asumió el poder, Bukele ha consolidado un control sin precedentes sobre las principales instituciones del Estado. Reformó la Corte Suprema, reemplazó a jueces constitucionales, impulsó leyes controvertidas y ha gobernado en estado de excepción durante más de dos años.

Estas acciones le han permitido ejecutar una dura estrategia contra las pandillas, que ha reducido drásticamente los niveles de homicidios y criminalidad. En las calles, miles de ciudadanos lo aplauden y lo consideran un salvador que devolvió la seguridad al país.

No obstante, organismos de derechos humanos, medios de comunicación internacionales y críticos locales advierten que este “modelo Bukele” se sostiene a costa de libertades civiles, opacidad institucional y represión. Las denuncias por detenciones arbitrarias, restricciones a la prensa y falta de transparencia se han multiplicado.

A pesar de ello, el presidente salvadoreño mantiene altos niveles de aprobación, tanto a nivel nacional como regional. Para muchos, su éxito en seguridad justifica sus métodos. Para otros, se trata de un riesgo latente de concentración de poder y debilitamiento democrático.

La polarización es evidente. Mientras sus simpatizantes lo describen como un líder providencial o incluso “enviado por Dios”, sus detractores lo ven como un autócrata moderno, que construye su poder sobre la base del miedo y el populismo.

El caso de Bukele plantea un debate clave para América Latina: ¿puede un presidente con respaldo popular gobernar sin límites institucionales? ¿Hasta qué punto la seguridad puede justificar el debilitamiento del Estado de derecho? El futuro político de El Salvador y el legado de su mandatario aún están por definirse.