Las recientes decisiones de la Corte Constitucional (CC) han generado un ambiente de tensión con el Ejecutivo, en medio de advertencias del presidente Daniel Noboa sobre una supuesta interferencia de ese organismo en su plan de seguridad y gobernabilidad.

El conflicto se intensificó luego de que la Corte suspendiera artículos clave de leyes impulsadas por el Gobierno, entre ellas la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Integral. Según la CC, algunas de estas disposiciones podrían afectar derechos constitucionales y requerir mayor sustento legal.

Desde Carondelet, se percibe esta actuación como un freno a su agenda. Voceros del Ejecutivo y figuras afines han criticado abiertamente a la Corte, sugiriendo que sus resoluciones impiden avances cruciales en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Expertos advierten que este enfrentamiento podría derivar en un grave choque de poderes. Juristas y exmagistrados señalan que, si bien el control constitucional es una función clave para garantizar el respeto al orden jurídico, ningún poder del Estado debería tratar de socavar el rol de otro.

Por ahora, la Corte ha evitado responder a los cuestionamientos políticos, manteniendo el argumento técnico y jurídico en sus fallos. Sin embargo, el tono del Ejecutivo continúa escalando, lo que alimenta la posibilidad de una confrontación institucional con consecuencias imprevisibles.