El presidente Daniel Noboa pretende incluir una polémica pregunta en su segunda consulta popular, prevista para diciembre de 2025: que la Asamblea Nacional tenga la facultad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional.

La propuesta surge apenas un día después de que la Corte suspendiera varios artículos de tres leyes clave impulsadas por el Gobierno: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia, tras recibir múltiples demandas de inconstitucionalidad.

Actualmente, según la Constitución, los jueces constitucionales solo pueden ser destituidos con el voto de dos terceras partes de la propia Corte Constitucional. Noboa busca cambiar ese equilibrio de poderes, equiparando a los magistrados con otros altos funcionarios del Estado, como ministros o el presidente, que sí pueden ser juzgados políticamente por la Asamblea.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, criticó la decisión de la Corte y afirmó que dejó sin respaldo legal a las fuerzas del orden. Por su parte, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, exigió explicaciones a los jueces.

Pero las alertas también se han encendido. El expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, calificó la iniciativa como “autoritarismo craso” y un “retroceso al siglo XIX”. Afirmó que ya existen mecanismos para controlar a los jueces en caso de faltas, y que esta propuesta va en contra del orden democrático.

Antes de ser sometidas a consulta, las siete preguntas planteadas por el Ejecutivo —que incluyen también la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la creación de un régimen de trabajo por horas en turismo— deberán ser analizadas por la propia Corte Constitucional, que determinará si cumplen con los parámetros legales para ser votadas.