La Corte Constitucional suspendió de forma provisional varios artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo con carácter económico urgente: la Ley de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional. La decisión responde a la admisión de al menos nueve demandas de inconstitucionalidad presentadas por colectivos sociales, gremios y actores políticos.

Las medidas cautelares dictadas por el máximo tribunal buscan evitar que las disposiciones impugnadas tengan efectos mientras se analiza su validez constitucional. En total, fueron suspendidos 17 artículos de las leyes y varios del reglamento de la Ley de Inteligencia.

En el caso de la Ley de Inteligencia, quedaron en suspenso normas que permitían a los servicios de inteligencia solicitar información a operadores de telefonía y entidades públicas, incluso sin orden judicial, y que establecían el uso de técnicas como la anonimización de agentes. Esta norma había generado fuertes cuestionamientos por abrir la puerta a prácticas de espionaje sin garantías legales.

Respecto a la Ley de Integridad Pública, se suspendió una disposición transitoria que otorgaba a la Junta Monetaria la facultad de transformar cooperativas en bancos, lo que fue considerado un riesgo por parte del sector financiero solidario.

En cuanto a la Ley de Solidaridad Nacional, la Corte frenó artículos que permitían, entre otras cosas, establecer estados de excepción por conflictos armados internos y otorgar indultos colectivos, aspectos considerados sensibles para el orden constitucional y los derechos ciudadanos.

Las tres leyes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en los primeros meses del gobierno de Daniel Noboa, y han generado una ola de críticas por su contenido y la forma en que fueron tramitadas. Diversos sectores, entre ellos organizaciones sindicales y académicas, han advertido sobre afectaciones a derechos fundamentales, y han anunciado movilizaciones en defensa de las garantías constitucionales.

Las suspensiones dictadas por la Corte tienen carácter provisional. El análisis de fondo sobre la constitucionalidad de los textos tomará más tiempo, pero las decisiones marcan un primer revés para el Ejecutivo en el terreno jurídico. Mientras tanto, el debate sobre el alcance y la legitimidad de las reformas impulsadas por Noboa sigue abierto en el escenario político y social del país.