Esta semana, el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, un nuevo proyecto urgente que busca regular a todo tipo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades sin fines de lucro. Según explicó en Radio Sucre, la razón de hacerlo es porque “hay fundaciones que reciben fondos para desestabilizar al gobierno” y cuyos donantes son desconocidos, por lo que considera necesario transparentar sus actividades. No presentó pruebas ni identificó nombres.

Dado que en Ecuador ya existen controles financieros y tributarios para las organizaciones sociales, y que el Gobierno cuenta con un sistema de registro para todas ellas, el anuncio generó preocupación. Muchas de estas organizaciones temieron que se tratara de un intento por controlar a un sector que ha sido crítico del gobierno en diversas ocasiones.

Particularmente preocupante fue el lenguaje usado por el presidente, por el exministro De la Gasca y la asambleísta Centeno, similar al que emplean regímenes autoritarios cuando buscan silenciar a sus críticos. En la región hay precedentes claros y cercanos en El Salvador, Nicaragua, Perú y Paraguay, en que con este tipo de normas se han iniciado procesos contra organizaciones y sus dirigentes.

Pero en Ecuador también hay antecedentes. Es imposible olvidar que en 2013 el presidente Rafael Correa emitió el tristemente célebre Decreto 16 que, con enormes subjetividades y arbitrariedades en su contenido, sirvió para cerrar la Fundación Pachamama o perseguir a la Unión Nacional de Educadores. Por eso, un anuncio como este genera un reflejo de alerta y defensa en el sector social.

Sin embargo, el texto enviado a la Asamblea parte de algo positivo: el reforzamiento de la transparencia en el tercer sector. Y si ese es el objetivo que se pretende alcanzar, hay disposiciones que durante el debate legislativo deberán ser revisadas con detenimiento, como el encargo de la rectoría a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), sin experiencia en el tema; la dependencia de un reglamento futuro para definir puntos clave; y la inclusión de una reforma tributaria aparentemente ajena al objetivo de la ley.

Con un debate serio y responsable por parte de nuestro asambleístas esta puede ser una oportunidad para que la sociedad civil refuerce su coherencia al exigir y practicar transparencia, y así blindarse frente a futuros intentos de silenciarla.