El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, aseguró que el proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, que impulsa el Gobierno y que ha sido conocido como “ley de fundaciones”, no debe prestarse para estigmatizar a las organizaciones de la sociedad civil.

“La institucionalidad ecuatoriana ya cuenta con herramientas suficientes para saber de dónde viene el dinero que reciben las organizaciones. El problema no es de leyes, es de su aplicación”, recalcó en una entrevista con Teleamazonas.

Alarcón cuestionó que desde el oficialismo se pretenda vincular a todas las fundaciones, corporaciones u ONGs con delitos como lavado de activos o narcotráfico. “Si el Gobierno tiene información sobre actos ilícitos, debe entregarla a la Fiscalía y perseguirlos con la normativa vigente, no usar una ley para estigmatizar a todo un sector”, enfatizó.

Aunque reconoció que la propuesta busca fortalecer la transparencia, integridad y rendición de cuentas, advirtió que el texto contiene elementos que podrían convertirlo en un “instrumento político contra críticos del Gobierno”. En ese sentido, mencionó como preocupante la inclusión de causales de disolución similares a las del Decreto 16 del correísmo, como “afectar el orden social o la seguridad del Estado”.

Finalmente, insistió en que el proyecto debe ser perfeccionado y que se incorpore una transitoria que permita a las organizaciones más pequeñas adaptarse a sus disposiciones. “Quienes trabajamos con transparencia estamos dispuestos a rendir cuentas, pero sin ser tratados como sospechosos por defecto”, concluyó.