La Contraloría General del Estado anunció que las personas políticamente expuestas (PEP) deberán presentar una declaración patrimonial juramentada, como parte de las nuevas disposiciones para reforzar los mecanismos de control y prevención de actos de corrupción.

Según la entidad, esta medida aplica tanto para funcionarios públicos como para sus cónyuges, parejas en unión de hecho e hijos dependientes. El objetivo es transparentar el origen y evolución del patrimonio de quienes ejercen funciones de poder o están relacionados con cargos de relevancia pública.

La Contraloría aclaró que la disposición no solo alcanza a los servidores activos, sino también a quienes hayan ocupado cargos en los últimos cinco años, incluyendo autoridades electas, miembros de cuerpos colegiados, altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como directivos de empresas públicas y organismos de control.

La presentación de esta declaración deberá realizarse en un plazo determinado, y su incumplimiento podría acarrear sanciones administrativas. La información será verificada por el organismo mediante cruces de datos con otras instituciones del Estado, a fin de detectar posibles inconsistencias o signos de enriquecimiento injustificado.

Con esta iniciativa, la Contraloría busca fortalecer la lucha contra la corrupción y promover una mayor rendición de cuentas entre quienes manejan recursos públicos o toman decisiones de alto impacto para el país.