Tras la deportación que ejecutó el gobierno de Daniel Noboa de 1.000 ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que esto representará un ahorro anual de USD 4,3 millones para el Estado, dado que mantener a estos reclusos costaba alrededor de USD 12.000 diarios.

Hasta este lunes, 700 reos ya habían sido trasladados a Colombia, y se espera que los 300 restantes lo hagan hasta el miércoles. Todos los deportados estaban sentenciados por delitos considerados menores, con penas inferiores a cinco años. “La mayoría ya había cumplido gran parte de su condena. Hay casos de robo, receptación, microtráfico y delitos contra la propiedad”, explicó Reimberg.

Los traslados se realizaron tras un proceso legal individual ante jueces ecuatorianos, quienes emitieron las boletas de excarcelación correspondientes. “Ellos ya no tienen ningún proceso pendiente en Ecuador. El sistema judicial actuó conforme a derecho”, afirmó el funcionario.

Los 1.000 reos estaban distribuidos en 30 centros penitenciarios de 18 provincias, siendo la cárcel de Cotopaxi la que albergaba la mayor cantidad (171), seguida por Carchi (160), Guayas (159), Pichincha (95) y Esmeraldas (87).

Además de la reducción del hacinamiento en un 4 %, el gobierno impuso una sanción migratoria a largo plazo: los deportados no podrán ingresar a Ecuador durante los próximos 40 años. “Si alguno de ellos intenta reingresar al país, enfrentará nuevas penas”, advirtió el ministro del Interior.

La medida excluyó a los reos condenados por delitos graves como asesinato, extorsión, delincuencia organizada o violencia sexual. El gobierno ya analiza una posible segunda fase de deportaciones, aunque aún no hay fechas definidas.