El Gobierno ecuatoriano ha iniciado el despido de al menos 5.000 servidores públicos en lo que ha calificado como una medida de “depuración” del aparato estatal, en medio de una severa crisis fiscal. La decisión, anunciada por el presidente Daniel Noboa y detallada por algunos ministros, ha generado una intensa polémica por su legalidad, alcance político y consecuencias sociales.

Según el Ejecutivo, los despidos responden a la necesidad de eliminar puestos duplicados, sancionar a funcionarios presuntamente corruptos y reducir el gasto público, que ya supera los $10.000 millones anuales solo en sueldos.

“La decisión es dura, pero necesaria. Estamos sacando a quienes no están comprometidos con el país y dando oportunidad a nuevos profesionales”, declaró el presidente Noboa durante la sesión solemne por los 490 años de fundación de Guayaquil.

Uno de los voceros más claros fue el ministro de Transporte, Roberto Luque, quien afirmó que varios funcionarios despedidos en su cartera estaban implicados en pedidos de sobornos, sabotaje administrativo y contratos irregulares. “Sabemos que duele, pero hay personas que no se suman al cambio y le hacen daño al Estado”, dijo Luque.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, confirmó que la base legal para estas desvinculaciones está en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), vigente desde 2010, que permite la cesación definitiva del cargo por supresión de puesto. Aseguró que “no existe estabilidad per se en el sector público” y que la Corte Constitucional ya ha respaldado este tipo de medidas.

Sin embargo, gremios de servidores públicos y analistas críticos han advertido que se trata de despidos con motivaciones políticas, sin sumarios administrativos ni evaluaciones previas. Miguel García, dirigente sindical, señaló que “esto no es reestructuración, es persecución selectiva”, y anunció movilizaciones para el 7 de agosto frente a la Corte Constitucional. También confirmó que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública y su reglamento.

El economista Oswaldo Burneo respaldó la decisión, considerándola “valiente y necesaria” en un contexto de déficit fiscal que bordea los $4.500 millones. “Este debe ser el inicio de una reforma estructural para liberar al Estado de su carga burocrática improductiva”, opinó. Burneo recordó que en el gobierno de Rafael Correa ya se aplicaron despidos masivos mediante el decreto 813, que incluyó incluso a miles de médicos, muchos de ellos reemplazados por extranjeros afines al régimen.

El comunicador Alfonso Pérez, director de Ecuador en Vivo, criticó que no haya existido una vocería oficial clara desde el inicio, lo que permitió que la narrativa de “represalias políticas” se imponga. “La medida es correcta, pero el gobierno ha perdido la batalla comunicacional. No basta con decir que se lucha contra la corrupción: hay que mostrar pruebas y hablar con transparencia”, afirmó.

Por su parte, Álvaro Rosero, de Radio Democracia, defendió la medida como coherente con el pedido histórico de la ciudadanía de reducir el tamaño del Estado. “Este es un paso en la dirección correcta, aunque doloroso. Pero si se hace selectivamente o con revanchismo político, perderá legitimidad”, advirtió.

Hasta el momento, los despidos se han reportado en instituciones como el Ministerio de Transporte, el Registro Civil, el Ministerio de Agricultura, el IESS y el Ministerio de Educación. Pese a que se había prometido no afectar al personal de salud y educación, varios casos ya han sido denunciados en esos sectores.

El Gobierno no ha precisado cuánto costarán las indemnizaciones, ni cómo se financiarán en medio de la escasez de fondos. Se estima que el recorte de personal es parte del compromiso asumido con el FMI para reducir el gasto en salarios en un 1,2% del PIB hacia 2028, lo que implicaría la desvinculación de hasta 70.000 empleados públicos en los próximos años.

Conclusión:
El país se enfrenta a una compleja reestructuración del sector público. Mientras el Ejecutivo la defiende como necesaria y legal, organizaciones sociales y sindicales preparan una ofensiva legal y política que podría desembocar en un nuevo paro nacional. La falta de voceros claros, las denuncias de despidos arbitrarios y la incertidumbre sobre el destino de los fondos públicos mantienen en vilo a una ciudadanía dividida.