El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, reveló este 25 de julio que varios de los funcionarios recientemente desvinculados de su cartera estaban involucrados en prácticas de corrupción, incluyendo sobornos, falsificación de denuncias y contratos irregulares con el Estado.

En declaraciones dadas durante un evento por la Fundación de Guayaquil, Luque fue contundente:

“Había funcionarios que pedían dinero para agilizar planillas; abogados que, en lugar de resolver procesos legales, denunciaban al Sercop haciéndose pasar por contratistas”, denunció.

Pero la situación fue más allá: el Ministro aseguró que en su equipo se identificaron empleados públicos que, además de cobrar sueldos estatales, eran contratistas del propio Estado, lo que constituye una grave incompatibilidad legal y ética.

Luque detalló que incluso se detectaron analistas con sueldos de USD 1.000 que, paralelamente, ganaban contratos con el Estado, violando los principios básicos del servicio público.

“Contra eso estamos luchando. Sabemos que duele, y que hay funcionarios que se quedan sin trabajo, pero también hay personas que le hacen daño al Estado y no pueden seguir dentro”, sentenció.

5.000 despidos y el respaldo presidencial

Las declaraciones de Luque se dan un día después de que el Gobierno de Daniel Noboa confirmara la desvinculación de más de 5.000 funcionarios públicos, en el marco del Plan de Eficiencia Administrativa.

El propio presidente Noboa justificó la medida:

“Tomamos una decisión muy dura, pero era lo que la gente pedía por años. Sacar a quienes no estaban comprometidos con el país y dar paso a profesionales que quieran servir, no boicotear”.

Las autoridades insisten en que la depuración busca no solo reducir gastos, sino limpiar de irregularidades la función pública. Sin embargo, los despidos también han generado inquietud entre gremios laborales y sectores que piden transparencia en los criterios aplicados.