Hace dos meses, en este mismo espacio, les hablaba de la importancia del difunto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Para muchos, este era un organismo de adorno, progre, de agenda o “woke”. Asumí, en mi inocencia, que semejante pensamiento tan carente de criterio y conocimiento técnico sobre la gestión ambiental, era exclusivo de una sección de la sociedad civil. Pero me equivoqué. El jueves pasado, el Gobierno anunció que el ministerio se fusionaría con el de Energía y Minas.

Aunque creo firmemente que la reducción del Estado es absolutamente necesaria, que sí tenemos un exceso de funcionarios y que urge que los organismos del Estado sean más eficientes, en este caso particular la medida me genera una gran preocupación. Esta fusión podría significar una afectación grave no solo al ya precario control ambiental (insuficiente por falta de recursos y personal), sino también en lo económico y social. Les explico por qué.

La función del MAATE no es exclusivamente conservar el ambiente o proteger los bosques. Esta cartera de Estado es de vital importancia para el desarrollo económico y productivo del país. Por este ministerio debían pasar todos los proyectos, de todas las actividades y sectores, grandes y pequeños, para que puedan ser aprobados y ejecutados cumpliendo con medidas de prevención y control socioambientales. Entre estos, los de mayor importancia, tanto por su impacto ambiental como económico, son los del sector estratégico: hidrocarburos, minería, energía eléctrica, geotermia. ¿Empiezan a ver la preocupación?

Ya era un ministerio con graves problemas: retrasos en la gestión de licencias ambientales, falta de control en actividades de alto impacto como la minería ilegal o la tala de madera y lentitud en tramitar la normativa necesaria para que el país pueda comercializar bonos de carbono (un mercado con potencial de generar millones de dólares mientras se asegura la protección de zonas clave). Todo eso significaba pérdidas: millones de dólares represados en trámites de licenciamiento, procesos de control, pólizas, entre otros.

Este ministerio era un actor clave, transversal, que debía convertirse en un organismo que facilite, acompañe, regule, controle y sostenga la producción y el desarrollo sostenible del país. Lo que necesitaba era más recursos, mayor autoridad. No desaparecer. Y mucho menos fusionarse con el ministerio donde se planifican y desarrollan los proyectos de más alto impacto, esos que justamente debía regular.

¿Cómo esperan que ahora el Ministerio de Energía sea juez y parte? ¿Quién nos asegura independencia, control y regulación en los proyectos energéticos? ¿Quién se encargará de que estos proyectos contemplen medidas de prevención y protección hacia las comunidades, los bosques. Y sí a los animales, los ríos, espacios, y a nosotros?

Mejor dicho: ¿Y ahora quién podrá defendernos? Les aseguro que no será el Chapulín Colorado.