Con 9 votos afirmativos, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, Reformatoria a la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual.

El informe aprobado recoge importantes aportes técnicos e institucionales y corrige una confusión conceptual detectada en las propuestas originales, donde se mezclaban indebidamente los ámbitos de la ciberseguridad, la ciberdefensa, la ciberdelincuencia y la seguridad pública. Esta imprecisión generaba un diseño normativo desordenado, con superposición de competencias, riesgos de inconstitucionalidad y debilidades en su aplicación.

En este sentido, el nuevo enfoque reformatorio no solo corrige estos errores, sino que articula una definición clara y precisa de la ciberseguridad como un componente técnico, preventivo y estratégico de la transformación digital, orientado a la protección de activos digitales, la gestión de riesgos tecnológicos y la resiliencia de infraestructuras críticas.

La propuesta normativa se enmarca con el marco jurídico vigente, articulándose con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Además, evita la creación de nuevas entidades o atribuciones que impliquen gasto público, respetando el principio de sostenibilidad fiscal establecido en la Constitución.

En consecuencia, la ciberseguridad no se plantea como un régimen autónomo, sino como una dimensión estructural integrada a la gobernanza digital del país, sin invadir competencias del derecho penal ni de la seguridad interna del Estado.

Por ello, sobre la base del análisis y las conclusiones, la Comisión recomienda remitir el informe aprobado a la Presidencia de la Asamblea Nacional, con el fin de que sea distribuido a las y los asambleístas y se continúe con el respectivo trámite parlamentario. Asimismo, se plantea la realización de mesas técnicas previas al segundo debate, con el objetivo de perfeccionar la propuesta y garantizar una ley sólida, coherente y adaptada a los desafíos de la transformación digital del Ecuador.