Esta semana, el gobierno anunció que recibirá un desembolso de $600 millones del Fondo Monetario Internacional que aprobó, además, aumentar el monto del programa de financiamiento para nuestro país a $5000 millones. La ministra de Economía, Sariha Moya, explicó que estos fondos llegarán en estos días y estarán destinados, principalmente, al Plan Anual de Inversiones (PAI): infraestructura, energía, seguridad y gasto social.
El financiamiento es necesario tomando en cuenta el déficit presupuestario estimado en $1.700 millones solo durante el primer semestre, según un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. No obstante, el principal desafío no es solo la falta de recursos, sino la baja ejecución en inversión: apenas el 16.2 % en el primer trimestre, según el mismo informe.
Esto no es nuevo. Las alertas por la baja ejecución del presupuesto vienen desde el gobierno de Guillermo Lasso. Sus efectos son concretos: promesas incumplidas. El Ministerio del Interior, por ejemplo, figura entre los de menor ejecución en inversión a pesar de los constantes anuncios de mejoras de la seguridad y equipamiento para la policía. El de Energía reporta una ejecución de menos del 8 %, pese a las recurrentes promesas de que no volverá a haber apagones.
Si nos enfocamos en el primer trimestre del año (enero-marzo 2025) las cifras oficiales del Ministerio de Economía muestran que solo se ejecutaron $149,18 millones de los $946 millones proyectados de inversión, y la ejecución global apenas alcanzó el 25.7% del presupuesto total.
En este contexto, los recursos del FMI o los que podrían venir desde China, podrían ayudar a solucionar lo inmediato, pero no resolverán el problema de fondo. Desde inicios de julio, la caída de los ingresos provenientes de la producción petrolera pone a la economía nacional en una situación de alto riesgo, pues es bastante obvio que no se puede ejecutar recursos de los que no se dispone.
Ecuador no es ajeno a estas crisis. ¿Será que en esta oportunidad el gobierno nacional toma decisiones que viabilicen una salida? De inicio, se ha anunciado una reducción del tamaño del Estado, fusionando instituciones y desvinculando 5.000 funcionarios. Quizá esta medida resulte insuficiente y los ecuatorianos vivamos, dentro de poco, una nueva reforma tributaria.
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