El Gobierno Nacional ejecutó este 24 de julio un drástico recorte de su estructura institucional como parte del Plan de Eficiencia Administrativa, Transición y Transformación. Con esta medida, los ministerios se reducen de 20 a 14 y las secretarías de nueve a apenas tres, lo que representa una reducción del 41 % en el tamaño del Ejecutivo.

La decisión fue anunciada por la vocera gubernamental Carolina Jaramillo, y oficializada horas después por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 60. Según el Gobierno, este proceso tiene tres ejes clave: evaluación estricta de funcionarios públicos, reorganización del Ejecutivo y la apertura de nuevas vacantes para jóvenes.

“Nos planteamos tener un Estado eficiente, que funcione mejor, que no duplique funciones ni malgaste recursos”, sostuvo Jaramillo en rueda de prensa. Además, aseguró que los despidos no responden a imposiciones del FMI ni tienen motivaciones políticas.

Fusiones ministeriales y reestructuración

Estas son las principales fusiones anunciadas:

• Vivienda pasa a Transporte y Obras Públicas
• Cultura y Deporte se integran al Ministerio de Educación
• Ministerio de la Mujer se fusiona con el Ministerio de Gobierno
• Ambiente y Agua se incorpora al Ministerio de Energía y Minas
• Senescyt (educación superior) se une al Ministerio de Educación
• Turismo se integra al Ministerio de Producción
• Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil pasa al Ministerio de Inclusión Económica y Social
• Secretaría de Inversiones Público-Privadas y Comité de Asentamientos Irregulares se integran al Ministerio de Transporte
• Gestión Inmobiliaria Pública pasa a la Secretaría Administrativa de la Presidencia
• Secretaría Nacional de Planificación se incorpora a la Secretaría de Administración Pública y Gabinete

Adscripciones y traslados

• SNAI (sistema penitenciario) y ECU 911 quedan bajo el Ministerio del Interior
• Viceministerio de Acuacultura y Pesca se traslada al Ministerio de Agricultura

Cada ministerio implicado deberá elaborar su plan interno de fusión de manera inmediata. Las nuevas estructuras también deberán enfrentar evaluaciones semestrales obligatorias desde 2026, como parte de la Ley de Integridad Pública.

Aunque el Gobierno afirma que esta reforma no responde a presiones externas, el contexto no pasa desapercibido: Ecuador mantiene un acuerdo crediticio por USD 5.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y la reducción del gasto público es uno de los compromisos asumidos por la actual administración.