La Fiscalía General del Estado busca impedir que Samara Rivera, viuda de alias Rasquiña y señalada por presunta participación en actos de corrupción para favorecer la libertad del exlíder de Los Choneros, quede libre de toda culpa por prescripción de la causa penal.

El pasado 14 de julio, la Corte Provincial del Guayas declaró prescrita la acción penal contra Rivera, procesada por asociación ilícita, al considerar que habían transcurrido más de cinco años desde que se inició el caso en abril de 2020. La condena impuesta en su contra era de cinco años de prisión.

Sin embargo, la Fiscalía reaccionó de inmediato. Este 16 de julio, solicitó revocar la prescripción alegando que no se consideraron los precedentes legales de la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, los cuales establecen que en este tipo de procesos los plazos pueden suspenderse y no corren de forma continua.

Retrasos sospechosos y señalamientos a jueces

El Ministerio Público señaló que hubo dilaciones injustificadas en el trámite judicial. Entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024 no se avanzó sustancialmente en el proceso, tiempo en el cual se aceptó recién la apelación presentada por Rivera.

Por este motivo, tres jueces del tribunal que llevaron el caso —Carmen Vásquez, José Poveda y Henry Morán— deberán justificar en 10 días las razones de la demora procesal, pues son investigados por posible negligencia manifiesta.

La Fiscalía sostiene que Samara Rivera participó en un entramado legal para lograr la prelibertad de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en junio de 2020, cuando este lideraba la organización criminal Los Choneros. Zambrano fue asesinado seis meses después de salir de prisión.

Rivera, quien compareció a sus audiencias por videoconferencia desde el extranjero, alegó estar fuera del país por amenazas contra su vida y dijo en su defensa que se encuentra realizándose tratamientos médicos.

Mientras tanto, con esta resolución judicial, Rivera queda libre de cargos y no enfrenta otros procesos penales. Según reveló la Fiscalía, detrás de estos actos estarían redes que utilizaron recursos judiciales para favorecer intereses delictivos vinculados a Los Choneros.