La violencia en Manabí no da tregua. Asesinatos al estilo sicariato, cuerpos enterrados en comunas rurales y ajustes de cuentas entre bandas criminales se han convertido en parte del paisaje cotidiano en esta provincia, que hoy se encuentra en la mira del crimen organizado. Así lo advirtió el general en servicio pasivo Freddy Sarzosa, exdirector general de investigaciones de la Policía Nacional, quien expuso cómo la lucha entre las mafias por el control de rutas y puertos mantiene a Manabí en un estado de violencia constante.

Según Sarzosa, el repunte de crímenes está directamente ligado a la pugna entre dos grupos delincuenciales que buscan dominar la zona: Los Choneros y Los Lobos. La reciente ejecución de uno de los principales cabecillas de Los Lobos en Manta —quien ya había sido sentenciado por delincuencia organizada pero gozaba de medidas sustitutivas— es una muestra clara de la guerra sin cuartel que se libra por el control del narcotráfico, especialmente en las rutas de salida de droga hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

El exjefe policial confirmó que, aunque las fuerzas del orden han logrado reducir la violencia en sectores como Durán tras las intervenciones directas, la criminalidad se está desplazando a otras zonas del país, como Manta, donde la violencia ha escalado en las últimas semanas. “La presencia policial es importante, pero no suficiente. Se necesita fortalecer la investigación, el talento humano, la logística y, sobre todo, la cooperación internacional”, insistió.

Advirtió que la violencia seguirá migrando mientras no se desarticule por completo a estas estructuras criminales que operan dentro y fuera del Ecuador. Aunque las cifras muestran una leve reducción en homicidios en los últimos meses, se prevé que este 2025 cierre con más de 8.100 asesinatos, una tasa similar a la del año anterior.

Sarzosa también destacó que las mafias han encontrado en las agencias de tránsito una fuente de financiamiento y poder. Reveló que investigaciones de la Policía ya habían identificado cómo funcionarios en Durán y Puerto López trabajaban directamente para organizaciones como Los Choneros y Los Chonkillers, permitiéndoles operar impunemente e incluso “cobrando sueldos sin trabajar”. Estas redes no solo garantizaban ingresos para las bandas, sino que también funcionaban como estructuras para lavar dinero y ejercer presión a través de la violencia.