El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Otto Vera, cuestionó el alcance real del proceso de depuración que promueve la Asamblea Nacional para desvincular a familiares de legisladores que fueron contratados en la institución. Durante una entrevista, Vera aseguró que en su bancada no existen casos de nepotismo, y defendió que ni él ni sus compañeros legisladores socialcristianos han incurrido en estas prácticas.

La Asamblea Nacional anunció recientemente, a través de su cuenta oficial de X, que 40 funcionarios han sido separados de la institución en medio de este proceso de limpieza administrativa, bajo el eslogan “Sin banderas políticas”. Según el informe, 19 funcionarios renunciaron voluntariamente y 21 fueron desvinculados por decisión administrativa. Aunque los nombres y dependencias fueron ocultados, sí se especificó que estos vínculos alcanzaban a legisladores de diversas bancadas, incluyendo la Revolución Ciudadana (RC5), ADN y el propio PSC.

Vera aclaró que los tres legisladores que continúan en la bancada socialcristiana no han gestionado ni contratado a familiares y que quienes se alejaron del bloque “no eran militantes ni adherentes del partido”. Además, recordó que la Constitución prohíbe a los asambleístas gestionar cargos públicos, una prohibición que, dijo, choca con la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, la cual faculta a cada legislador a nombrar hasta cuatro funcionarios en su despacho.

El legislador reconoció que “en teoría” nunca debió permitirse el cruce de familiares entre despachos y que estas prácticas, ahora visibilizadas, deberían ser revisadas por la Contraloría General del Estado, la cual —insistió— debe iniciar auditorías para verificar responsabilidades y posibles sanciones. “La Constitución debe prevalecer, por encima de cualquier reglamento interno”, afirmó Vera.

También cuestionó la falta de transparencia por parte de la presidencia de la Asamblea al ocultar los nombres de los legisladores involucrados, pese a que la ley obliga a que la nómina de funcionarios públicos y sus remuneraciones sea pública. “No se necesita un reglamento para entender que no se debe contratar a familiares”, enfatizó.

Finalmente, recordó que el Código Orgánico Integral Penal sanciona con hasta cinco años de prisión los casos de tráfico de influencias, por lo que no descartó que las investigaciones avancen hacia el ámbito penal. “Aquí no se trata solo de devolver los sueldos mal pagados, sino de asumir responsabilidades”, concluyó.