La propuesta del presidente Daniel Noboa de aplicar la castración química a violadores con sentencia ejecutoriada ha abierto un debate jurídico, médico y ético de fondo. A través de un pedido a la Corte Constitucional, el Ejecutivo busca que se permita esta medida junto con la creación de un registro confidencial de sentenciados por delitos sexuales. La iniciativa surge tras la denuncia por violación contra el asambleísta correísta Santiago Díaz y plantea una reforma que, de ser aprobada por la Corte y la Asamblea, deberá ser sometida a referéndum.

“No todos los violadores son iguales”: visión desde la psiquiatría

La doctora Julieta Sagnay, psiquiatra especializada en neuropsiquiatría y adicciones, explicó que los agresores sexuales presentan distintos perfiles y no todos responden de la misma forma a tratamientos. Para algunos, la castración química —que reduce la testosterona y el impulso sexual— podría actuar como un freno, sobre todo por su impacto en el ego de los agresores. “Estos sujetos son sádicos, calculadores, no sienten culpa. Pero ver que las leyes se endurecen puede hacerlos pensar dos veces”, dijo.

Sagnay diferenció entre el pedófilo que sufre por su atracción no deseada (TOC pedofílico) y el pederasta psicópata que actúa con violencia. En su experiencia clínica, ha tenido pacientes que solicitaron voluntariamente la castración química como parte de un proceso terapéutico. “No es la solución completa, pero puede disuadir”, concluyó.

“No son rehabilitables”: visión penalista

Para el abogado penalista Julio César Cueva, la rehabilitación de un violador no es viable en un sistema penitenciario sin programas diferenciados. “El violador no actúa por necesidad económica, como un ladrón, sino por impulso. Muchos dicen abiertamente que volverían a hacerlo si salieran libres. Eso no es rehabilitable”, afirmó. A su juicio, medidas como la castración química pueden reducir el riesgo de reincidencia.

Cueva además cuestionó que el Estado aplique el mismo régimen de rehabilitación a todos los delitos y advirtió que si no se toman medidas diferenciadas, los agresores sexuales eventualmente volverán a las calles con los mismos impulsos.

El límite constitucional

El constitucionalista Rafael Oyarte explicó que la propuesta del Ejecutivo debe superar el filtro de la Corte Constitucional, que deberá determinar si vulnera derechos fundamentales y si puede tramitarse como una reforma parcial. Aunque la Corte ha tenido posturas garantistas en el pasado, Oyarte cree que esta vez no todo está perdido. “El planteamiento del presidente deja una puerta abierta al no establecer obligatoriedad, lo que permitiría a la Corte modular la medida y condicionarla a la voluntad del sentenciado”, señaló.

Advirtió, sin embargo, que el Estado ecuatoriano está comprometido con convenios internacionales de derechos humanos, y su incumplimiento podría tener consecuencias diplomáticas y financieras.

“El Ejecutivo presiona y la Corte cede”: crítica política

La exlegisladora Jeannine Cruz cuestionó la independencia de la Corte Constitucional y denunció que ha sido permisiva con el poder político. “La Corte se ha sentado sobre la Constitución cuando le ha convenido, ya lo vimos con el matrimonio igualitario o el juicio a Lasso”, sostuvo. Según Cruz, el presidente Noboa busca tensar ese límite con esta reforma, mientras la Corte enfrenta la presión de decidir entre los derechos de las víctimas y los de los agresores.