Un nuevo escándalo sacude al sector eléctrico ecuatoriano. Los motores y generadores comprados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) a la empresa Austral Technical Management (ATM) para la Central Térmica Esmeraldas III no solo no son nuevos, como se exigía, sino que además son incompatibles con el sistema eléctrico nacional.

Así lo reveló la Contraloría General del Estado, tras auditar la compra de estos equipos por USD 89 millones. El informe detalla que de los 48 motores ofertados como nuevos, 43 fueron fabricados en 2017, pese a que el contrato exigía que fueran posteriores a 2020. Algunos, incluso, mostraban signos claros de uso.

Peor aún: seis de los motores ni siquiera tenían placas de identificación, y de los 43 generadores conectados, solo dos tenían placas originales, certificando que fueron fabricados en 2016 y a 50 Hz, frecuencia incompatible con el sistema ecuatoriano, que opera a 60 Hz. Los otros 41 carecían de placas y sus números de serie estaban marcados a mano.

Austral fue constituida en Uruguay apenas 57 días antes de firmar el contrato, con un capital de USD 260, y ofreció supuestamente 48 equipos nuevos almacenados en el Líbano. Presentó una garantía que no era del fabricante y acreditó su experiencia usando documentos de una empresa chilena, reseña Ecuavisa.

Pese a todo, Celec no objetó los papeles y procedió con la contratación, incluso cuando la oferta inicial de Austral no cumplía las bases. En ese concurso participaron 11 empresas, pero la única que sí cumplió los requisitos fue descartada por Electroguayas, unidad encargada del proceso.

La Contraloría advierte que las irregularidades se arrastran desde la planificación misma del proyecto y llegaron hasta la instalación de la planta, que no cuenta con permisos de construcción ni autorizaciones ambientales.

A pesar de todos estos hallazgos, Celec ya pagó USD 71 millones a Austral por una planta que no está en condiciones de operar.

El organismo de control ha remitido el caso a la Fiscalía por posibles delitos penales, aunque hasta ahora no ha revelado los nombres de los responsables.

Otro caso que pone en la mira la forma en que se manejan los contratos públicos en el país.