El Gobierno de Ecuador anunció que ofrece una recompensa de USD 100.000 para quien proporcione información que permita localizar al asambleísta Santiago Díaz Asque, investigado por el presunto delito de violación a una menor de edad.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que las denuncias podrán realizarse de forma anónima y confidencial a través de las líneas 1800-DELITO (335486) y 131. “A través del Bloque de Seguridad se ofrece esta recompensa a quien entregue información veraz y verificable sobre el paradero de Santiago Díaz”, señaló Reimberg en sus redes sociales.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional allanaron varios inmuebles en Quito el pasado 9 de julio, como parte de la investigación en contra de Díaz, quien está acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años tras una fiesta.

Durante los allanamientos se encontraron documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios relevantes. Según la Fiscalía, el caso se encuentra en investigación bajo el nombre de “Díaz Asque”.

Tras conocerse la denuncia, el movimiento político Revolución Ciudadana (RC) anunció la separación de Santiago Díaz de sus filas y la pérdida de su curul en la Asamblea Nacional. En un comunicado oficial, RC sostuvo: “Frente a la sola sospecha de un acto tan monstruoso, no hay espacio para la indiferencia”.

Rechazaron su pedido de licencia

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) rechazó el pasado 11 de julio un pedido de licencia presentado por Díaz para ausentarse de sus funciones por 31 días sin remuneración, argumentando que necesitaba ese tiempo para preparar su defensa. El CAL negó la solicitud porque fue presentada de forma incorrecta y contraviene lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La imagen de Santiago Díaz ha sido difundida como “SE BUSCA” por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. El Gobierno asegura que esta recompensa forma parte de su estrategia para combatir delitos graves y proteger a las víctimas.

Díaz es investigado por un delito que, en Ecuador, se castiga con penas de hasta 22 años de prisión.