Hace unos días comentaba acerca de los posibles beneficios y riesgos de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas. Desde su propuesta, la ley ha generado voces a favor y en contra, como era de esperarse. Ahora que ha sido aprobada, quiero contarles un poco desde mi perspectiva como profesional en ambiente y sostenibilidad.

Empecemos por entender la situación actual. Nuestras áreas protegidas hoy no son más que una etiqueta. En muchas de las zonas con mayor riqueza en biodiversidad o importancia ecológica, hay presencia de minería ilegal, tráfico de especies, tala de madera y actividades de alto impacto no solo ambiental, sino también social.

Contamos con guardaparques, sí, pero están en una lucha desigual. No cuentan con mucho más que el cargo: carecen de herramientas, equipos y son insuficientes en número. El Estado ha perdido el control. Tanto así, que incluso hace unos días la Policía capturó a un grupo de nueve personas que, aparentemente, se dedicaban a la minería ilegal, con maquinaria pesada y todo, en nada menos que las Islas Galápagos. No hay muestra más tangible de que nuestras áreas protegidas están en peligro.

Ahora bien, ¿qué propone la ley? Primero, la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), un organismo público, con independencia administrativa y operativa, que dependerá del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Este se encargará de regular, controlar y sancionar. También se contempla la intervención temporal de la Policía y Fuerzas Armadas en zonas donde existan actividades ilegales o grupos violentos, como los que sabemos que están detrás de la minería ilegal.

Ahora, ¿con qué presupuesto cuenta el Estado para algo así? Ninguno, creo yo. Lo interesante es que la ley propone un modelo de financiamiento sostenible para el SNAP mediante proyectos ecoturísticos, fideicomisos y valorización de los servicios ecosistémicos.
Y aquí es donde entra la polémica. En esta versión aprobada, la ley prohíbe explícitamente la privatización directa de las áreas protegidas. Sí, falta el reglamento, falta establecer los mecanismos de participación y consulta, y aún no está claro cómo se garantizarán los derechos de los pueblos. Pero de ninguna forma esta ley significa que se van a privatizar y explotar las áreas protegidas, como muchos activistas y organizaciones comunitarias están difundiendo.

En mi experiencia, tras 20 años trabajando en zonas del Oriente, he visto que donde hay actividad privada regulada, hay también control ambiental. En cambio, cuando no hay nada, las zonas quedan a merced de la codicia, la violencia y la actividad ilícita. Por eso, no puedo oponerme a un proyecto que al menos busca lo contrario.
No es necesario oponerse porque sí. Eso no te hace ambientalista.