Con 80 votos a favor de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), Pachakutik y algunos legisladores independientes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, enviada con carácter urgente por el presidente Daniel Noboa.
Los parlamentarios de la bancada correísta no votaron, tras retirarse del hemiciclo al ser cuestionados por su papel en un controvertido proyecto de ley para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para rebajar la edad de consentimiento de relaciones sexuales a los 14 años. Este proyecto había sido enviado por el legislador Santiago D., investigado por presunta violación a una menor de edad.
El proyecto de ley fue mocionado por Valentina Centeno (ADN), con el texto enviado para el segundo debate por la Comisión de Desarrollo Económico, que es presidida por la asambleísta.
Entre las modificaciones al texto original se estableció una prohibición para la privatización de áreas o zonas protegidas, que incluye cualquier proyecto de turístico que pudiese afectar el ecosistema.
Además resaltó que la normativa también blinda al extractivismo en las áreas protegidas y fortalece la seguridad, como el empleo de los efectivos del Bloque de Seguridad para el combate a la minería ilegal. Además se garantiza la protección de pueblos y nacionalidades indígenas que residen dentro de las áreas protegidas.
La ley también apunta a la sostenibilidad ambiental, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de las funciones ecológicas y el desarrollo local.
El proyecto consta de ocho artículos, tres Disposiciones Generales, cinco Transitorias, siete Reformatorias a las leyes de Movilidad Humana; de Régimen Tributario Interno; al Código Orgánico Monetario y Financiero; a la Codificación de la Ley de Aviación Civil; a la Ley de Reforma Tributaria de 2001; y, a la Ley Orgánica del Servicio Público
En el debate, la legisladora Nataly Morillo (ADN) increpó a la bancada correísta y su mayoría en la Comisión de la Niñez por no tomar medidas radicales con la designación del asambleísta Santiago D., investigado por supuesta violación.
La asambleísta Viviana Veloz respondió a Morillo y ratificó que Santiago D. fue expulsado de la bancada, cuando se hizo pública la denuncia.
Antes de finalizar el debate, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) decidió ausentarse del Pleno en protesta y no estuvo presente en la votación.
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