Un total de 3,4 millones de ecuatorianos permanecen excluidos del sistema financiero, ya sea por no tener acceso a productos bancarios o por no utilizarlos pese a poseerlos. Así lo revela un informe de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), que advierte sobre los bajos niveles de inclusión financiera y la persistente dependencia del financiamiento informal en el país.

Según el estudio, 10,4 millones de ecuatorianos tienen al menos un producto financiero, pero solo nueve millones los usan de forma activa. Esta brecha evidencia una preocupante subutilización, especialmente en los medios de pago. Por ejemplo, aunque el 60 % de los adultos posee una tarjeta de débito, apenas el 32 % la utiliza regularmente. El panorama es similar con las tarjetas de crédito: el 31 % de los ecuatorianos tiene una, pero solo el 15 % la emplea de forma habitual.

El informe también destaca un leve repunte en el uso de herramientas digitales. Las aplicaciones móviles de instituciones financieras pasaron del 10 % al 15 % entre 2023 y 2024. Sin embargo, para Valeria Llerena, directora ejecutiva de la RFD, aún “casi un 27 % de la población no usa productos financieros”, lo que refleja que la digitalización no ha logrado cerrar la brecha de inclusión.

El acceso al crédito formal sigue siendo limitado: solo tres de cada diez ecuatorianos acceden a préstamos en el sistema financiero. Esto ha empujado a muchas personas hacia mecanismos informales, como prestamistas o préstamos entre conocidos, que suelen implicar altos riesgos y condiciones desfavorables.

Cifras del Banco Central del Ecuador muestran que en 2024 se registraron USD 43.861 millones en operaciones de crédito activo, de los cuales USD 34.276 millones corresponden al sector privado. No obstante, el organismo reconoce que la política crediticia fue más restrictiva, especialmente en el segmento de microcrédito, lo que ha afectado a los sectores más vulnerables.

Además, se estima que alrededor de dos millones de ecuatorianos están actualmente fuera del sistema financiero tras haber caído en mora o incumplido con sus obligaciones, lo que restringe aún más su posibilidad de volver a acceder a productos financieros.

Entre las recomendaciones del informe se incluyen la incorporación de educación financiera en las escuelas y colegios del país, así como una mayor difusión y diversificación de productos por parte de las instituciones bancarias, con el objetivo de fomentar un uso más activo y consciente de los servicios financieros formales.