Qué es lo que deben hacer los ciudadanos honestos y trabajadores de nuestro país, frente a la toma de casi todo el territorio nacional por la mafias del narco crimen nacional e internacional organizadas, frente a la toma de la casi totalidad de la Administración de Justicia del país donde jueces y fiscales liberan inmediatamente a los delincuentes; y otros, pocos por cierto, se juegan la vida, sancionando a los que han sido procesados legalmente; frente al infiltramiento en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que avisa y actúa como campana, para que los operativos de captura fallen; frente a los que han reclutado adolescentes para convertirlos en sicarios convirtiéndolos en asesinos para matar todos los días; frente a una estructura nacional de estas mafias y que actúan coordinadamente, y en donde una gran cantidad de políticos: hombres y mujeres, están vinculados a estas mafias y los defienden y buscan la impunidad de estos delincuentes?

Cuando el crimen organizado se apodera de las estructuras del Estado, especialmente de la justicia y las fuerzas de seguridad, se genera un ambiente de impunidad, miedo y desesperanza para los ciudadanos honestos de una sociedad. Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador. Sin embargo, aunque parezca que no hay salida, sí hay formas en las que la sociedad civil puede resistir y actuar. En orden a dar simplemente algunas ideas, propongo:

1. Ir ya a la organización ciudadana: 1.1. Formar redes comunitarias: La unión hace la fuerza. Grupos vecinales, asociaciones cívicas, redes de denuncia ciudadana y otras formas de organización local pueden proteger a sus comunidades, compartir información y alzar la voz colectivamente. 1.2. Apoyar medios de comunicación independientes y valientes: La prensa libre y comprometida con la defensa de los ecuatorianos es esencial para sacar a la luz la corrupción y los vínculos mafiosos. Difundir sus investigaciones fortalece su impacto. Esto, se lo viene haciendo pero es necesario aumentar el número de medios. 1.3. Educación y conciencia: Educar a los jóvenes: Crear espacios seguros donde los adolescentes puedan desarrollarse fuera de la influencia criminal. La educación crítica y con valores es una barrera poderosa contra el reclutamiento criminal. 1.4. Fomentar la memoria colectiva: Hablar sobre lo que ocurre, documentar abusos, y no permitir que la corrupción se normalice o se olvide. 1.5. Acción política ciudadana: Votar con conciencia: Aunque muchos políticos estén vinculados a estas mafias, siempre hay candidatos honestos. Investigar sus antecedentes, su trayectoria y exigir transparencia es vital. 1.6. Impulsar reformas desde la sociedad civil: Movimientos ciudadanos y movimientos de Abogados que ejercen la profesión pueden presionar para reformar el sistema judicial, exigir controles más estrictos y la remoción y destitución de funcionarios corruptos. 1.7. Redes de apoyo y resistencia: Debemos apoyarnos mutuamente: La solidaridad entre ciudadanos es vital en momentos de miedo e incertidumbre; y denunciar internacionalmente: Cuando las instituciones locales fallan, se puede acudir a organismos internacionales de derechos humanos, ONG y medios globales. Y, aunque sea con miedo no ceder ante el miedo.

Aunque parezca imposible, la resistencia pacífica, la denuncia constante y la preservación de la dignidad humana son formas de lucha. La historia ha mostrado que incluso en los contextos más oscuros, la sociedad civil ha sido capaz de revertir situaciones profundamente deterioradas.

Estimo que una de las cosas fundamentales que debe hacerse, es dar a conocer con nombres y apellidos, y con los rostros publicados, a los políticos: hombres y mujeres, que son los brazos políticos de las mafias y del crimen nacional e internacional organizados, de los fiscales y jueces que sueltan a los delincuentes apresados; a las Autoridades de Alcaldía y Prefecturas a nivel nacional y en general, a dirigentes de organizaciones privadas también vinculadas y protectoras de los delincuentes. Y claro, viene inmediatamente la pregunta: ¿Es legítimo denunciar con nombres, rostros y cargos a personas vinculadas al crimen organizado? Estimo que sí, pero bajo ciertas condiciones legales muy estrictas. En un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como define nuestra Constitución al Estado Ecuatoriano en su artículo uno: 1. Toda acusación debe basarse en pruebas verificables; y 2. Sólo pueden hacerse públicas si han sido confirmadas por procesos judiciales o investigaciones oficiales. De lo contrario esta situación, puede considerarse, calumnia o injuria, incluso si las personas realmente están vinculadas al proceso penal por a o b circunstancia, pero dentro de la investigación se declara su estado de inocencia. Por ello, los medios de comunicación, ONGs y ciudadanos comprometidos deben actuar con extremo rigor, Respaldarse siempre en fuentes judiciales oficiales, sentencias o expedientes públicos; Evitar acusaciones sin fundamento, por más indignación que exista; Hacer visible el problema estructural sin caer en la estigmatización individual injusta.

Me parece que desde la sociedad civil concretamente se debe 1. Apoyar investigaciones periodísticas serias, como las de medios independientes, que revelan redes de corrupción con pruebas documentadas. 2. Crear observatorios ciudadanos que registren y denuncien decisiones judiciales polémicas o reiteradas de ciertos jueces o fiscales. 3. Exigir transparencia en la justicia: acceso público a sentencias, registros de votos de jueces, historial de causas. 4. Denunciar públicamente a los medios de comunicación y a la ciudadanía, las ilegalidades e irregularidades cometidas, no sólo por los jueces penales sino también por los jueces de las otras materias, sobre los que no se dice nada y entre ellos se tapan, así como a los demás operadores de justicia de estas Judicaturas. 5.- El Consejo de la Judicatura debería hacer un llamamiento público a los Abogados del país, para que denuncien todas las ilegalidades cometidas por Jueces y Operadores de Justicia de todo el país, para que se los investiguen y salgan de la Función Judicial. 6.- La Corte Constitucional debe dejar insubsistente la resolución de que se requiere declaración jurisdiccional del tribunal superior, para sancionar disciplinariamente a jueces y otros operadores de justicia que han cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones, por ser totalmente inconveniente en los actuales momentos; 7. Solicitar listas públicas de candidatos con antecedentes penales o investigaciones abiertas, como ya ocurre en algunos países para impugnarlos jurídica y socialmente ante el Consejo Nacional Internacional y/o ante el Tribunal Contencioso Electoral.