El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha encendido las alarmas ante un uso fraudulento y creciente de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una figura jurídica creada en 2020 para facilitar el emprendimiento, pero que ha sido distorsionada por empresas fantasmas, operaciones ficticias y evasión tributaria.

Según detalló el director del SRI, Damián Larco, se han detectado múltiples irregularidades: empresas que no emiten comprobantes electrónicos, que existen solo en el papel, que subdeclaran ingresos o que simulan exportaciones millonarias sin sustento real. El organismo reveló este miércoles 2 de julio que una red de 23 SAS —constituidas entre 2023 y 2024— habría declarado exportaciones de minerales por hasta 90 millones de dólares, pero sus domicilios no existen y no hay rastro físico de las operaciones.

“Estamos ante un uso doloso de una figura pensada para dinamizar la economía, no para esconder fraude”, sentenció Larco, al anunciar la suspensión de los RUC de las compañías involucradas y la ejecución de auditorías en el sector minero.

Además, más de 800 SAS fueron notificadas por declarar ingresos inferiores a los reales en los años fiscales 2022 y 2023, lo que habría provocado una pérdida de 4 millones de dólares al fisco. A esto se suma un grupo aún mayor: más de 3.500 SAS activas que no emiten facturas electrónicas, incumpliendo la normativa y arriesgándose a sanciones.

El SRI también ha detectado una práctica creciente: profesionales independientes que crean SAS para pagar menos Impuesto a la Renta, beneficiándose de la tarifa para sociedades en lugar de la correspondiente a personas naturales. Esta maniobra, que busca reducir cargas tributarias sin sustento real, también será objeto de control.

Como respuesta, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, vigente desde el 10 de junio, prohíbe el uso de SAS en sectores estratégicos, financieros, aseguradores y en actividades que requieran regulación especial, cerrando el paso a estructuras que buscan evadir controles estatales.

El director del SRI advirtió que todas las inconsistencias encontradas y no corregidas derivarán en sanciones, intereses y procesos administrativos, dentro de un programa de control que apunta a que los ingresos declarados reflejen la realidad económica de cada contribuyente.