La Comisión de Garantías Constitucionales avanzó en el tratamiento de los proyectos de Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, así como de la normativa que garantiza el Derecho de Consulta Ambiental. En esta sesión, se recibió la intervención de René Gálvez, delegado del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Gálvez señaló que el derecho a la consulta previa constituye una garantía fundamental para los pueblos indígenas y otras comunidades, pues les permite decidir sobre medidas administrativas que podrían afectar sus territorios, identidad y participación. Aclaró que este proceso se distingue de la consulta ambiental y subrayó que debe realizarse bajo principios de buena fe, interculturalidad y con participación libre, activa y efectiva. Además, recalcó que debe efectuarse antes de cualquier decisión y en la lengua del pueblo consultado.

Durante el diálogo con los legisladores, la asambleísta María Íñiguez expresó su inquietud por una posible omisión de ciertas actividades no extractivas que podrían quedar fuera del alcance de la ley, afectando así los derechos colectivos. Por su parte, el asambleísta Héctor Valladarez advirtió que esta normativa tendrá un impacto decisivo, especialmente en provincias como Zamora Chinchipe, y anunció que dará seguimiento al proceso legislativo.

En relación con el proyecto de consulta ambiental, el asesor legislativo David Veloz informó que ya se han elaborado matrices de ambas propuestas legales. También indicó que se han desarrollado seis mesas de trabajo y se cuenta con el acompañamiento de la Unidad Técnica Legislativa para afinar el contenido de los textos.

Al cierre de la jornada, la vicepresidenta de la comisión, María Íñiguez, dio por concluida la sesión tras haber cumplido con los puntos del orden del día.