Sin empresas no hay empleo, ni derechos, ni redistribución, ni seguridad social, ni bienestar familiar. La realidad es más clara que cualquier discurso: un Estado solo puede sostenerse si existe una base productiva que genere riqueza real. No se trata de ideologías, sino de estructuras funcionales. ¿Queremos empleo, seguridad social, bienestar? Todo depende de la vitalidad de nuestras empresas.

En Ecuador, esta ecuación está rota. El Estado, lejos de ser aliado, se ha vuelto un obstáculo para el empresario: regula con hostilidad, recauda con voracidad y ni siquiera garantiza la seguridad básica. Ser empresario en Ecuador es casi un acto de heroísmo cívico. Lo paradójico es que el Estado que promete bienestar social olvida que, sin sector privado, esos beneficios son solo humo.

Los datos son contundentes: más del 56% de la fuerza laboral sobrevive en la informalidad; la mayoría de los emprendimientos no supera los dos años de vida. Una maraña de regulaciones y una crisis energética crónica asfixian la inversión y el crecimiento. Un país donde las empresas no prosperan es un país sin pulso ni futuro.

Pero la tragedia es aún más profunda. La falta de empresas y empleos dignos deja a los jóvenes sin opciones: muchos, antes que buscar un trabajo que no existe, terminan seducidos por el dinero fácil de las bandas delictivas. El narcotráfico y el lavado de activos han envenenado nuestras calles, captando a miles de jóvenes que deberían estar aportando al desarrollo del país. El crimen organizado se alimenta de la ausencia de oportunidades, y el Estado, lejos de combatir este fenómeno, a menudo parece incapaz de frenar el avance del dinero sucio en la economía.

No se trata de defender a capitalistas o trabajadores, sino de entender que, si destruimos la rentabilidad, no habrá empleo, y sin empleo, los derechos laborales se vuelven retóricos. El eje del progreso es la capacidad de la empresa de generar valor real y beneficios para reinvertir y crecer. Nuestra legislación trata al emprendedor como sospechoso, no como aliado. Permisos interminables, impuestos cambiantes y una justicia impredecible crean un entorno hostil donde el riesgo privado es alto y la recompensa colectiva, mínima.

Ecuador necesita simplificar trámites, garantizar energía confiable, una reforma tributaria pro-crecimiento, seguridad jurídica y una banca que apueste por la innovación. Un gobierno socialmente responsable es, paradójicamente, el que más protege a la empresa, porque solo así puede financiar educación, salud y seguridad. La política social sin productividad es caridad efímera; la riqueza productiva es duradera.

La verdadera justicia social consiste en multiplicar a quienes crean empleo digno. No es un eslogan: es economía moral.

Ecuador está ante una elección ineludible: seguir atrapados en el espejismo del populismo o apostar por un pacto donde la empresa sea el motor de la sociedad. El narcotráfico y el lavado de activos no solo destruyen el presente, sino que roban el futuro de nuestros jóvenes. Cada día que pasa sin políticas claras para crear empleo formal es un día más en el que el crimen organizado recluta a una nueva generación. Sin empresas, no hay país que redistribuir ni jóvenes con esperanza. La pregunta no es si estamos a favor de los empresarios; la pregunta es si estamos dispuestos a dejar que el crimen organizado sea la única salida para nuestros hijos. El tiempo de los discursos terminó; el tiempo de crear riqueza y oportunidades empieza ahora. Si no actuamos, el crimen lo hará por nosotros.