El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por 400 millones de dólares a favor del Gobierno ecuatoriano, destinado a reforzar las capacidades institucionales del país en la lucha contra la violencia y el crimen organizado. La operación financiera tiene como objetivo fortalecer las políticas públicas de seguridad y justicia, en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo.

Según informó el organismo multilateral, el préstamo busca mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer la gestión del sistema judicial y penitenciario, así como optimizar los mecanismos de prevención y respuesta frente a la criminalidad. La estrategia también contempla el fortalecimiento del sistema de inteligencia y el equipamiento de las fuerzas de seguridad.

Este financiamiento forma parte de una línea de apoyo presupuestario programático, lo que significa que los recursos serán desembolsados por tramos conforme se cumplan determinadas metas estructurales. El plazo del préstamo es de 25 años, con un periodo de gracia de cinco años y medio, y una tasa de interés basada en el modelo SOFR.

El BID destacó que la violencia criminal en Ecuador ha crecido de forma acelerada en los últimos años, alcanzando una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023, una de las más altas de América Latina. Además, enfatizó que el crimen organizado ha penetrado diversas instituciones estatales, lo que complica la gobernabilidad y la aplicación efectiva de la ley.

El Gobierno ecuatoriano, por su parte, aseguró que estos recursos permitirán sostener el plan de seguridad integral impulsado por el presidente Daniel Noboa, el cual incluye la profesionalización de la Policía, el control territorial y la depuración del sistema penitenciario. También se espera que parte del financiamiento sea destinado a programas de prevención social en comunidades vulnerables.

La aprobación del préstamo ocurre en un momento clave para Ecuador, cuya economía se encuentra presionada por los gastos derivados del combate al narcotráfico y las organizaciones delictivas transnacionales. Con esta operación, el país busca equilibrar sus finanzas públicas sin frenar las inversiones en seguridad.