El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, compareció este miércoles 25 de junio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y encendió las alarmas sobre el colapso del sistema judicial ecuatoriano en medio del conflicto armado interno.

Godoy fue enfático: el país enfrenta un déficit de 753 jueces a escala nacional, lo que ha generado una grave sobrecarga procesal. Esto se traduce en acumulación de causas, retrasos en la justicia y una afectación directa a la calidad de las resoluciones judiciales.

El panorama es igual de preocupante en cuanto a la infraestructura. De las 445 dependencias judiciales que existen en todo el país, 124 están en estado crítico, con deficiencias estructurales y funcionales que comprometen el trabajo diario de fiscales, jueces y servidores judiciales.

El titular del CJ indicó que se requieren al menos USD 200 millones para cubrir las necesidades básicas de mantenimiento, equipos tecnológicos, mobiliario y vehículos para la operatividad judicial.

Godoy presentó estos datos ante los legisladores como parte de su rendición de cuentas sobre las presuntas actuaciones irregulares de operadores judiciales en el marco del conflicto armado interno. Sin embargo, más allá de los señalamientos, lo que expuso fue un sistema que opera al borde del colapso.